Coirón es el nombre de una planta xerófila de la familia de las gramíneas que alcanza unos 50 centímetros de altura. Tiene hojas duras y punzantes. Generalmente es de color verde amarillento y se utiliza para techar chozas. También es un recurso forrajero. Los que más saben dicen que ese Coirón es dulce y se lo encuentra en la Patagonia. Los que saben aseguran que este Coirón es dulce como sostienen los habitantes de la Patagonia. Pero también hay otro Coirón y es el proyecto que comprende desarrollos tecnológicos que ofrecen soluciones estratégicas de todas las organizaciones. Los operadores del Ministerio Público Fiscal de la Nación no pueden prescindir de esas soluciones en su lucha contra el crimen organizado y federalizar la política criminal. Para algunos pobladores del norte los resultados del Coirón podrían ser amargos. La primera definición de Coirón fue aportada por el Diccionario de la Real Academia. La segunda, por el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El 30 de diciembre del año pasado, a las 11.51 y 28 segundos Diego Velasco le puso su firma digital a las 62 páginas en las que “formula su denuncia penal”. Este fiscal general y titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) desarrolla varios casos Coirón a partir de los informes de inteligencia que fue recibiendo. Esos informes -dice Velasco en su denuncia- advierten “un patrón de conductas en común en el sentido señalado por la Unidad de Información Financiera (UIF)”. El denunciante indica que esas conductas implican que “significativos fondos públicos fueron extraídos en efectivo, sin justificación, de cuentas bancarias de diversas municipalidades de Catamarca, Tucumán y Salta, pudiendo haber sido destinados -al menos en parte- a campañas de las últimas elecciones nacionales y provinciales”. Velasco plantea que “el monto total de dinero desviado sería de, aproximadamente, 39.000 millones de pesos. Exactamente señala que son $39.485.000 millones.
Coirón 215.952
Bajo este título el procurador general Velasco cuenta que el 2 de octubre la Procelac recibió el Informe de Inteligencia 501 de la UIF. Fue remitido a través de una nota identificada como UIF 48. “De dicho documento se desprende que se analizó la operatoria de la Municipalidad de Banda del Río Salí (CUIT 30-67526419-4) de la provincia de Tucumán a través de cuentas de su titularidad radicadas en el Banco Macro”. El funcionario agrega que la operatoria consiste en “la extracción de fondos en efectivo mediante cheques ventanilla, la cual habría tenido lugar entre enero 2023 y junio de 2024 e involucró un monto total de 17.000 millones de pesos. Precisamente indica que fueron 17.256.585.514 pesos.
“La UIF catalogó a las operatorias como sospechosas en los términos de la Ley 25.246 de lavado de activos de origen delictivo, concluyendo que el significativo flujo de fondos públicos extraído en efectivo, realizado sin justificación económica, pudo haber sido utilizado, al menos, en parte, para fines electorales”. Velasco es prudente en sus definiciones pero en el desarrollo del expediente sobre las operaciones da nombres y apellidos.
Dice que el 16 de mayo de 2023, el intendente de Banda del Río Salí, Jorge Darío Monteros, justificó las extracciones en efectivo manifestando que estaban vinculadas al pago de haberes del personal no bancarizado. Velasco aclara que “tales argumentaciones carecían de justificación teniendo en consideración que como consecuencia de dicha informalidad y la falta de documentación que justifique las referidas operaciones, no era posible determinar qué tipo de servicios brindaba el personal, si efectivamente fueron realizados y que, por ello, no era posible establecer la trazabilidad de los fondos extraídos en efectivo”.
El funcionario de la Procelac indica en su denuncia que “es llamativa la cantidad de operaciones concertadas en un mismo día”. Cita como ejemplo el 10 de mayo de 2023, día en el que se habrían efectuado 11 operaciones por $30 millones cada una y una operación por $10 millones. Es decir se hizo en un día la extracción de 340 millones de pesos por ventanilla.
Otros Coirones
Velasco analizó también el Caso Coirón 215.953. En este caso lo hizo a partir del informe de inteligencia 502 que fue remitido por la nota 49 de la UIF. En este documento se analizan movimientos análogos con extracción de fondos por cheques ventanilla pero por un monto total de 11.000 millones de pesos (precisamente, $11.449.650.000) en el municipio de Famaillá. Entre las personas citadas por el procurador general figuran Juan Enrique Orellana y su hermano mellizo José Fernando Orellana.
El Caso Coirón 219.324 es sobre el movimiento de fondos también de cuentas del Banco Macro con extracción de efectivo mediante la presentación de cheques en ventanilla entre marzo y octubre de 2023. En este caso es por un monto de 3.900 millones de pesos (exactamente $3.923.287.500,50) con operaciones llevadas a cabo por la municipalidad de Monteros. Velasco señala entre los firmantes de esos instrumentos al ex intendente Francisco Serra, entre varios otros.
El cuarto caso Coirón que investiga y denuncia la Procelac es el que lleva por número de identificación el 219.333. Este corresponde a la municipalidad de Lules y es por un total de $5.822.917.613,81. Destaca Velasco que entre los apoderados de la intendencia durante el período investigado que registrarían vinculaciones con las operaciones está el ex intendente Carlos Gallia.
En cada uno de los casos Coirón a los que apuntó Velasco aparecen varios nombres más que en su mayoría son tesoreros y otros habilitados de los municipios involucrados en estos casos que se conoció este último lunes de febrero que ya nunca más volverá. Varios son parientes de los intendentes con diferentes grados de vinculación.
En la página 40 del expediente se señala que “de los informes de inteligencia recibidos y de las diligencias llevadas a cabo se advierten conductas que podrían ser contrarias al ordenamiento jurídico”. Indica que la UIF especificó que los significativos fondos públicos extraídos en efectivo de las cuentas bancarias de las Municipalidades podrían haber sido destinados -al menos en parte- a campañas de las últimas elecciones provinciales y -nacionales”. Además de los municipios tucumanos han sido denunciados los catamarqueños de Belén, Icaño y Corral Quemado, como así también San Carlos, de Salta.
Antes de pedir citaciones y detallar los delitos en los que podrían haber incurrido precisa que entre los ocho municipios del NOA recibieron -o al menos declararon un total de 875 millones de pesos en 2023, una cifra irrisoria respecto a estos movimientos que implican 39.000 millones de pesos.
Alto voltaje
La semana que se despidió ha sido tan intensa que quizás amedrentó a la que viene que decidió tener tan sólo tres días hábiles. Comenzó poniendo sobre la mesa esta investigación de la UIF y esta denuncia de la Procelac. No fue fácil para algunos intendentes y legisladores asumir el golpe. Menos aún para el ministro del Interior, aceptar que se haya hecho pública la denuncia. Mientras esperan el movimiento de los expedientes el oficialismo se abroqueló y la oposición encontró un resquicio que hasta ahora no había encontrado para hacer leña. La reacción oficial fue la de siempre: antes de dar una explicación o de mostrar la documentación que podría rápidamente sacarlos del centro de la escena y de las sospechas, se eligió negar todo y por las dudas responsabilizar a la prensa.
A las tensiones propias de estos acontecimientos se sumó la destitución por unanimidad de la jueza Carolina Ballesteros y en medio del calor insoportable recibió el alivio del acuerdo paritario con los docentes que aseguró el comienzo de clases. Pero nada sirvió para apagar el fuego. Hasta el anuncio de que en las escuelas tucumanas se enseñará el idioma inglés desde el comienzo de la alfabetización sirvió para apaciguar ánimos caldeados. La Justicia avanzó desde el Ministerio Público con una fuerte denuncia contra el abogado defensor de la jueza Ballesteros. Se lo hizo responsable de integrar una banda que atentaba contra el equilibrio institucional y promovió actos de sedición de la Policía.
Y fue la gota que rebalsó el vaso. En una apertura de sesiones inédita, el gobernador Osvaldo Jaldo se salió del protocolo y leyó una hoja del expediente contra el letrado que terminó en Benjamín Paz y en la cual en diferentes chats se había referido a la salud del mandatario provincial.
Jaldo, antes de este curioso y ampuloso desenlace, deshilvanó su mensaje político. Fue muy duró contra su antecesor Juan Manzur, a quien responsabilizó de los desórdenes financieros con los que recibió la provincia. Cabe destacar que nunca lo mencionó. Redobló la apuesta sobre la reforma política y dejó muy en claro que estaba en la cancha legislativa. Y, finalmente, tuvo especial cuidado para mostrar cómo desatenciones de la Nación eran cubiertas por parte de la Provincia. No obstante, destacó las ventajas de su vínculo aceitado (dialoguista le dice) con la Nación a la hora de encarar obras públicas. Finalmente, quedó claro en la Legislatura que ha comenzado un año electoral, donde La Libertad Avanza es un rival de Jaldo y que el actual gobernador va a renovar títulos peronistas para que la crecida corriente nacional no lo vaya a agarrar a mitad del río.